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Hace apenas 50 años Canarias albergaba la Colonia Agrícola Penitenciaria, eufemismo con el que se denominaba al campo de concentración de Tefía donde entre 1954 y 1966 se recluyó y castigó la diversidad sexual y la expresión de género diferente a la asignada, al amparo de la Ley de vagos y maleantes. Una conducta solo reconocida en los hombres e invisibilizada en las mujeres. Mucho hemos avanzado desde entonces en el Estado español en el reconocimiento de derechos civiles y sociales relacionados con la diversidad sexual y de género: se han establecido medidas de protección contra la discriminación y se ha reconocido el derecho al matrimonio de personas del mismo sexo en igualdad de condiciones que los matrimonios y familias heterosexuales. Pero todavía queda mucho por hacer.
Nuestra cultura mantiene unos códigos binarios muy arraigados en lo relativo a la sexualidad y el género. En función de la morfología externa de nuestra genitalidad se nos asigna un género y, con ello, la asunción de un modelo de ser hombre o ser mujer, toda una serie de roles y expectativas de vida, laborales, económicas, de deseo…
Por el contrario, la realidad es siempre tozudamente más compleja y escapa también a este reduccionismo del pene o vulva, masculino o femenino, hombre o mujer. No todas las personas nacen con genitales estándares, lo que en ocasiones se usa como argumento para intervenciones quirúrgicas de “normalización” de los cuerpos de menores intersex y, lo que es peor, sin su consentimiento.
La mirada hegemónica a la sexualidad y las identidades de género está marcada por el paradigma médico al uso, tendente a reforzar los cánones normativos y binarios de género y a patologizar conductas que no encajan en tan restrictiva clasificación, bajo un diagnóstico de trastorno mental denominado disforia de género.
Hace apenas unos días que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad una enfermedad mental, algo que llevan años reclamando las asociaciones LGTBI y por lo que ahora se felicitan. Esta modificación no supone tampoco la normalización, ya que pasa a tipificarla como “desorden de la identidad de género”. Con todo, no deja de ser un avance hacia la despatologización, hacia donde deben apuntar también las legislaciones nacionales, pues aún son 72 los países que penan la homosexualidad, 8 de éstos con la pena de muerte.
En la Unión Europea, a pesar de las diferentes recomendaciones que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha realizado desde 1989 a los países miembros, no existe una situación positiva ni uniforme.
En el Estado español, el pasado mes de febrero se registró en el Congreso la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, promovida por la Plataforma de los derechos trans.
El reconocimiento de la autodeterminación sexual y de género va más allá del cambio de nombre y sexo legal. Incluye la autodefinición y gestión del propio cuerpo, el reconocimiento de las múltiples expresiones de género, superando el binarismo jurídico. Implica que toda persona tenga la facultad de elegir sus opciones vitales sin ningún tipo de injerencia, derecho que los poderes públicos deben garantizar.
Conviene recordar que la diversidad sexual y de género es un bien común, una riqueza colectiva, un conjunto de valores que hablan de experiencias que atraviesan a todas las personas.
En la misma línea, los colectivos LGTBI de Canarias han presentado al Gobierno autónomo el proyecto de Ley de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Se trata de un texto más ambicioso que el actual, una ley no patologizadora que deja de imponer un diagnóstico para el reconocimiento de la diversidad y que define una atención sanitaria basada en el respeto de las necesidades de las personas trans e intersex.
De finalizar con éxito la tramitación de estas leyes, estaremos dando importantes pasos hacia la igualdad, pero somos también conscientes de lo insuficiente que es la igualdad formal, que los derechos hay que ejercitarlos, ponerlos en práctica más allá de su reflejo en las normas. Conocedoras de las profundas raíces de las desigualdades y discriminaciones, sabemos que la LGTBIfobia, como el sexismo y el machismo, se manifiesta en todos nuestros espacios de convivencia, lo que hace necesario también el establecimiento de protocolos que, en ámbitos como el laboral, garanticen el pleno ejercicio de los derechos y dé seguridad a las personas trans.
María Nebot Cabrera
Consejera de Igualdad y Participación Ciudadana
Cabildo de Gran Canaria
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