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El Pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó el pasado viernes una moción de apoyo a la iniciativa legislativa promovida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. La unanimidad de los grupos permitió convertir la iniciativa en declaración institucional.
La consejera de Igualdad y Participación Ciudadana, María Nebot, encargada de defender la moción en la sesión plenaria, añadió la invitación a todos los ayuntamientos de Gran Canaria y al resto de cabildos a sumarse al contenido de esta moción, “en aras de alcanzar un futuro en igualdad y unas ciudades y municipios libres de homofobia y transfobia”.
Nebot señaló que, según datos del Ministerio del Interior, “los delitos de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se incrementaron un 36,1% en el Estado español durante 2016. Y aunque Canarias no se encuentra entre las comunidades autónomas más afectadas, no podemos bajar la guardia ante estos ataques contra la diversidad, el segundo que más aumentó el pasado año, tras los delitos de odio por discriminación por sexo y género, que subieron más de un 70% en el mismo período”.
El texto aprobado insta al Gobierno de Canarias a hacer suya la defensa de los derechos de las personas LGTBI y a trabajar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación social, laboral, económica, prestando especial atención a menores y jóvenes en los espacios educativos, así como a las personas LGTBI mayores o con diversidad funcional, en el marco de lo establecido en la iniciativa legislativa de la Federación.
En el mismo sentido, a través de esta moción, el Cabildo grancanario solicita del Instituto Canario de Igualdad que se convierta en garante de las medidas de protección, el derecho a información, asistencia jurídica y medidas de apoyo social a las personas víctimas de violencia intragénero.
El pleno reclama también del Gobierno canario que garantice la atención sanitaria integral de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, despatologizándolas, prohibiendo intervenciones quirúrgicas de las características sexuales sin el consentimiento expreso de la persona afectada, posponiéndolas a la edad adulta cuando se trate de menores. En la misma línea, la proposición de ley aboga por ilegalizar las presuntas terapias de reorientación sexual, “las que pretenden curar la homosexualidad, como si se tratara de una enfermedad.”
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