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El Cabildo de Gran Canaria se ha adherido al Protocolo para la Detección y Tratamiento de Situaciones de Violencia de Género dentro y fuera del trabajo y le ha agregado medidas bajo el epígrafe de “Procedimiento de tramitación de denuncia”, así como una guía con ajustes de horarios y flexibilidad para afrontar la situación de la afectada, que son pioneras en España.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, firmó hoy este documento junto a las consejeras de Igualdad, María Nebot, y de Recursos Humanos, María Isabel Santana, y subrayó que se trata de un avance en el compromiso insular de luchar contra la “lacra del terrorismo machista”, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 46 mujeres y cinco menores en España.
“Es necesario un cambio político, de educación y de medidas directas para ayudar a frenar esta inadmisible lacra”, aseveró Morales, quien explicó que, en este caso, el protocolo está concebido para las trabajadoras de la Institución, que son en torno a la mitad de las 1.500 personas que forman parte de su plantilla, detalló Santana.
Este protocolo fue impulsado en Galicia y poco a poco se van sumando instituciones y entidades privadas españolas, aunque la de Gran Canaria incorpora una novedosa guía que recoge situaciones y procedimientos que incluyen el reconocimiento de la situación que vive la mujer, así como reducciones de jornadas, reorganizaciones horarias y movilidad para que la afectada conozca sus opciones desde el primer momento y sienta que en su trabajo está respaldada ente su difícil situación.
Estas medidas, subrayó Nebot, han sido consensuadas con los representantes sindicales de la Institución e incorporan sus sugerencias.
El protocolo “elimina ambigüedades, establece un procedimiento y es garantista”, sintetizó el presidente, quien recordó que la Institución ya firmó un protocolo contra el acoso sexual y laboral en el Cabildo de Gran Canaria.
La comunicación a Recursos Humanos de que una trabajadora puede estar sufriendo violencia machista la puede realizar la propia afectada o cualquier empleado, cargo directivo o electo de la Institución, lo que pondrá en marcha un mecanismo por el que se ofrecerá a la afectada asesoramiento y orientación y, con su autorización, la información será remitida de forma inmediata al Servicio de Igualdad.
Atendiendo a la gravedad de la situación, la Institución propondrá las medidas necesarias en el ámbito laboral para protegerla e incluso dar traslado a las autoridades competentes, entre otras acciones, siempre bajo la premisa de la confidencialidad.
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