La consejera de Igualdad y Participación Ciudadana, María Nebot, encargada de defender la moción en la sesión plenaria, añadió la invitación a todos los ayuntamientos de Gran Canaria y al resto de cabildos a sumarse al contenido de esta moción, “en aras de alcanzar un futuro en igualdad y unas ciudades y municipios libres de homofobia y transfobia”.

Nebot señaló que, según datos del Ministerio del Interior, “los delitos de odio relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se incrementaron un 36,1% en el Estado español durante 2016. Y aunque Canarias no se encuentra entre las comunidades autónomas más afectadas, no podemos bajar la guardia ante estos ataques contra la diversidad, el segundo que más aumentó el pasado año, tras los delitos de odio por discriminación por sexo y género, que subieron más de un 70% en el mismo período”.

El texto aprobado insta al Gobierno de Canarias a hacer suya la defensa de los derechos de las personas LGTBI y a trabajar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación social, laboral, económica, prestando especial atención a menores y jóvenes en los espacios educativos, así como a las personas LGTBI mayores o con diversidad funcional, en el marco de lo establecido en la iniciativa legislativa de la Federación.

En el mismo sentido, a través de esta moción, el Cabildo grancanario solicita del Instituto Canario de Igualdad que se convierta en garante de las medidas de protección, el derecho a información, asistencia jurídica y medidas de apoyo social a las personas víctimas de violencia intragénero.

El pleno reclama también del Gobierno canario que garantice la atención sanitaria integral de todas las personas, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, despatologizándolas, prohibiendo intervenciones quirúrgicas de las características sexuales sin el consentimiento expreso de la persona afectada, posponiéndolas a la edad adulta cuando se trate de menores. En la misma línea, la proposición de ley aboga por ilegalizar las presuntas terapias de reorientación sexual, “las que pretenden curar la homosexualidad, como si se tratara de una enfermedad.”

Nuestra cultura mantiene unos códigos binarios muy arraigados en lo relativo a la sexualidad y el género. En función de la morfología externa de nuestra genitalidad se nos asigna un género y, con ello, la asunción de un modelo de ser hombre o ser mujer, toda una serie de roles y expectativas de vida, laborales, económicas, de deseo…

Por el contrario, la realidad es siempre tozudamente más compleja y escapa también a este reduccionismo del pene o vulva, masculino o femenino, hombre o mujer. No todas las personas nacen con genitales estándares, lo que en ocasiones se usa como argumento para intervenciones quirúrgicas de “normalización” de los cuerpos de menores intersex y, lo que es peor, sin su consentimiento.

La mirada hegemónica a la sexualidad y las identidades de género está marcada por el paradigma médico al uso, tendente a reforzar los cánones normativos y binarios de género y a patologizar conductas que no encajan en tan restrictiva clasificación, bajo un diagnóstico de trastorno mental denominado disforia de género.

Hace apenas unos días que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad una enfermedad mental, algo que llevan años reclamando las asociaciones LGTBI y por lo que ahora se felicitan. Esta modificación no supone tampoco la normalización, ya que pasa a tipificarla como “desorden de la identidad de género”.  Con todo, no deja de ser un avance hacia la despatologización, hacia donde deben apuntar también las legislaciones nacionales, pues aún son 72 los países que penan la homosexualidad, 8 de éstos con la pena de muerte.

En la Unión Europea, a pesar de las diferentes recomendaciones que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha realizado desde 1989 a los países miembros, no existe una situación positiva ni uniforme.

En el Estado español, el pasado mes de febrero se registró en el Congreso la Proposición de Ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, promovida por la Plataforma de los derechos trans.

El reconocimiento de la autodeterminación sexual y de género va más allá del cambio de nombre y sexo legal. Incluye la autodefinición y gestión del propio cuerpo, el reconocimiento de las múltiples expresiones de género, superando el binarismo jurídico. Implica que toda persona tenga la facultad de elegir sus opciones vitales sin ningún tipo de injerencia, derecho que los poderes públicos deben garantizar.

Conviene recordar que la diversidad sexual y de género es un bien común, una riqueza colectiva, un conjunto de valores que hablan de experiencias que atraviesan a todas las personas.

En la misma línea, los colectivos LGTBI de Canarias han presentado al Gobierno autónomo el proyecto de Ley de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Se trata de un texto más ambicioso que el actual, una ley no patologizadora que deja de imponer un diagnóstico para el reconocimiento de la diversidad y que define una atención sanitaria basada en el respeto de las necesidades de las personas trans e intersex.

De finalizar con éxito la tramitación de estas leyes, estaremos dando importantes pasos hacia la igualdad, pero somos también conscientes de lo insuficiente que es la igualdad formal, que los derechos hay que ejercitarlos, ponerlos en práctica más allá de su reflejo en las normas. Conocedoras de las profundas raíces de las desigualdades y discriminaciones, sabemos que la LGTBIfobia, como el sexismo y el machismo, se manifiesta en todos nuestros espacios de convivencia, lo que hace necesario también el establecimiento de protocolos que, en ámbitos como el laboral, garanticen el pleno ejercicio de los derechos y dé seguridad a las personas trans.

María Nebot Cabrera

Consejera de Igualdad y Participación Ciudadana

Cabildo de Gran Canaria