Declaración institucional en defensa de los derechos de las personas trans

El Cabildo de Gran Canaria aprobó en el pleno de noviembre una declaración institucional propuesta por la Consejería de Igualdad que condena las conductas e ideas transfóbicas y, especialmente, la violencia ejercida contra esta población.


El Cabildo de Gran Canaria aprobó en el pleno de noviembre una declaración institucional propuesta por la Consejería de Igualdad que condena las conductas e ideas transfóbicas y, especialmente, la violencia ejercida contra esta población. El texto insta a los Estados miembros de Naciones Unidas a integrar los acuerdos de Yogyakarta sobre derechos humanos en relación con la identidad de género.

La corporación insular se suma así a la iniciativa de la Plataforma por los Derechos Trans, con la que conmemora el Día Internacional de la Memoria Transexual que tiene lugar el 20 de noviembre, un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de transfobia, odio y miedo a las personas trans, y visibilizar la violencia continua que sufre esta comunidad.

Según datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, en los últimos 8 años han sido más de 2.000 las víctimas mortales de la transfobia.

María Nebot, consejera de Igualdad, reclama que “el derecho a la autodeterminación de la identidad sexual pase de ser meramente formal a poder ejercerse libremente, recibiendo el reconocimiento legal con la documentación acorde al sexo sentido, el acceso a la salud integral, al mercado laboral en igualdad de condiciones y plenos derechos sociales.”

La iniciativa de la federación estatal de asociaciones trans ha sido secundada por los ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga, Córdoba, Granada y Arrecife de Lanzarote. También por los parlamentos canario, andaluz, catalán, vasco, la asamblea de Madrid y el Cabildo de Tenerife, así como por el Congreso de los Diputados y numerosos representantes del Parlamento Europeo.

Desde la Plataforma  por los Derechos Trans se recuerda que “las obligaciones legales que los Estados tienen para proteger a las personas trans frente a la violencia y la discriminación no son diferentes de las que los Estados tienen para con todas las otras personas. Los derechos de las personas trans no están segregados y no son un subconjunto especial de derechos, sino que son Derechos Humanos.”